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El Tribunal Supremo ha fijado doctrina relevante en materia sucesoria al declarar que la inactividad procesal o el silencio del llamado a heredar no puede interpretarse como aceptación tácita de la herencia, anulando así la condena que la Audiencia Provincial de Granada había impuesto a los hijos del causante, por diversas deudas vinculadas al patrimonio hereditario.
A partir del 1 de enero de 2026, la normativa española impondrá la baliza V 16 conectada como único medio legal para la señalización de vehículos inmovilizados por avería o accidente, lo cual conlleva múltiples obligaciones y consecuencias jurídicas para conductores, propietarios y fabricantes.
Una reciente sentencia del Tribunal Supremo, en su Sala de lo Penal, dictada el 16 de octubre de 2025 (sentencia nº 849/2025) ha resuelto que el simple acceso al ordenador de uso personal de otra persona, mediante la utilización de una contraseña sustraída, constituye un delito de revelación de secretos conforme al artículo 197.2 del Código Penal.
En el ámbito jurídico español, la situación de las mascotas frente a accidentes o daños ocasionados por terceros presenta importantes vacíos normativos que generan incertidumbre tanto para los propietarios como para las posibles víctimas.
El martes 14 de octubre de 2025, el municipio pacense de La Codosera quedó conmocionado por un suceso que ha puesto de nuevo en el centro del debate la violencia machista y la respuesta judicial.
Dos menores de 15 años han sido detenidos en Badajoz el día 12 de octubre de 2025 como presuntos autores del incendio de varios contenedores alrededor de las siete de la tarde en la calle Ricardo Fernández Puente, un fuego que terminó afectando a cuatro vehículos, dañando gravemente a tres de ellos. Y dos árboles antes de ser sofocado por los bomberos.
José Ignacio, un jubilado de 78 años, fue víctima de un fraude sentimental que combina tecnología avanzada y manipulación emocional.
El Juzgado de lo Social nº 1 de Badajoz ha dictado una sentencia de especial relevancia jurídica y social al reconocer el derecho de una opositora a ser indemnizada tras la denegación por parte de la Junta de Extremadura de su solicitud de aplazamiento de examen.
