El Ministro de Justicia Sr. Gallardón ha desatendido las reclamaciones efectuadas por todos los operadores jurídicos: jueces, fiscales, secretarios judiciales, funcionarios de la Administración de Justicia, Abogados y Procuradores, que se han venido manifestando en las últimas semanas en contra de este despropósito Jurídico que es la ley de tasas judiciales.

Llevada a cabo su tramitación parlamentaria por vía de urgencia, sin consenso ninguno, como si no hubiera otras reformas dentro de la Administración de Justicia mucho más urgente y necesarias que realizar para dar ese servicio de eficiencia y calidad que se supone que tiene que dar cuando los ciudadanos recurren a los Tribunales para solucionar sus problemas.

El Sr Gallardón ha seguido adelante en su propósito de imposición de tasas, sin atender las opiniones en contra de Juristas y Profesionales del Derecho, y de aquellos que estando todos los días en los Juzgados tienen un conocimiento real de las deficiencias de la Justicia en nuestro país, conocedores de que con estas tasas no se repara se agravan las actuales carencias del sistema judicial.

Nada se plantea sin embargo de la aplicación de las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia de acuerdo con los tiempos en los que vivimos, para tener una Administración de Justicia de calidad, eficiente, y del Siglo XXI, que es lo que espera el ciudadano cuando recurre a ella, y no la merma de derechos fundamentales que estas tasas van a suponer.

Las consecuencias para la ciudadanía van a ser devastadoras al verse mermado el principio de tutela judicial efectiva consagrado en la Constitución. Se trata esta situación generada con la imposición de las tasas judiciales, un recorte más, pero en este caso de un derecho fundamental consagrado en nuestra Constitución.

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